El referente de los retirados, Mario Choque, confirmó que esta tarde se reunirán con el ministro Cardozo para definir la nueva escala salarial. Advirtieron que «no aceptarán más promesas de palabra» tras los incumplimientos de la gestión anterior.
El conflicto salarial de la Policía de Jujuy y el Servicio Penitenciario entra hoy en una etapa de definiciones críticas. Tras una serie de encuentros preliminares, los representantes de la mesa de negociación confirmaron que a las 19 serán recibidos por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, para obtener una respuesta definitiva al petitorio entregado por las bases.
Según detalló en diálogo con Radio 2 el oficial retirado Mario Choque, la propuesta central de los trabajadores es que el sueldo inicial de un efectivo parta del costo real de la canasta básica total, eliminando la brecha que hoy mantiene a gran parte de la fuerza por debajo de la línea de la pobreza.
Uno de los puntos de mayor fricción en la negociación es la desconfianza acumulada por compromisos incumplidos en el pasado. Choque fue tajante al recordar que durante la gestión de Gerardo Morales muchas de las mejoras prometidas para la fuerza y el equipamiento básico nunca se materializaron.
Por este motivo, para la jornada de hoy exigirán que cualquier avance quede plasmado en una resolución por escrito y en actas acuerdo firmadas. «Ya conocemos cómo es esto, cuando es todo de palabra, después se borra», sentenció el referente, subrayando que la paciencia de los efectivos y sus familias se ha agotado tras el polémico intento de otorgar aumentos de privilegio solo a la cúpula.
Mientras se desarrolla la reunión en Casa de Gobierno, se espera una multitudinaria concentración en la Plaza Belgrano. Familiares y personal retirado de toda la provincia comenzaron a llegar desde horas de la tarde para acompañar el ingreso de los delegados.
Los voceros de la protesta advirtieron al Ejecutivo que la responsabilidad de mantener el orden y la paz social depende de la oferta que presente el ministro Cardozo, ya que el malestar en las bases es muy alto y no hay margen para nuevas dilaciones o plazos prolongados de 15 días que solo servirían para «enfriar» el reclamo.
La jornada de este lunes funciona como una verdadera bisagra para el gobierno de Carlos Sadir. La familia policial busca «blanquear» diversos ítems salariales y establecer una mesa de trabajo permanente para evitar que los sueldos vuelvan a quedar desfasados frente a la inflación.
De no mediar una solución satisfactoria o un instrumento legal que garantice los incrementos de manera equitativa desde las categorías más bajas, los manifestantes ya adelantaron que el estado de alerta se profundizará, dejando la resolución del conflicto enteramente en manos de la voluntad política del Ministerio de Hacienda.