El Gobierno de Jujuy puso en marcha un fuerte ajuste del gasto público, pero con un foco que ya genera cuestionamientos: el recorte no pasa por la estructura política, sino por áreas sensibles como la obra pública y la asistencia a municipios.
A través del Decreto Acuerdo N° 5084, el Ejecutivo provincial dispuso una batería de medidas de austeridad para 2026 en respuesta a lo que define como una “situación financiera” compleja. Sin embargo, el eje del ajuste deja en evidencia una decisión política: restringir la inversión y trasladar el impacto a las comunas.
Entre las principales disposiciones, se establece que toda obra pública deberá contar con autorización directa del gobernador para su ejecución, lo que en la práctica implica un freno a nuevos proyectos. A esto se suma la prohibición de compra de bienes de capital y una serie de limitaciones que afectan el funcionamiento cotidiano del Estado.
Pero uno de los puntos más críticos es la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas. La medida, reforzada luego por una circular del Ministerio de Hacienda, invita además a los gobiernos locales a adherir al ajuste, profundizando el impacto en el interior de la provincia.
Mientras tanto, el decreto incluye congelamiento de personal, restricciones en horas extras y revisión de contratos, pero no menciona recortes en la estructura política ni en los cargos jerárquicos, históricamente cuestionados por su crecimiento.
El argumento oficial apunta a la necesidad de ordenar las cuentas en sintonía con las políticas del Gobierno nacional. Sin embargo, la narrativa contrasta con años en los que la propia administración provincial destacaba un supuesto superávit fiscal como bandera de gestión.
Hoy, fuera del contexto electoral, el discurso cambió: se habla de restricciones, de déficit y de la necesidad de ajuste. Y, una vez más, la responsabilidad se direcciona hacia Nación.
En este escenario, el peso de la crisis recae principalmente en la obra pública, en los municipios y, en definitiva, en los servicios y recursos que impactan directamente en la vida cotidiana de los jujeños. Mientras tanto, el debate sobre el tamaño y costo de la estructura política vuelve a quedar fuera del centro de la escena.
El decreto 5084
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