El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un recurso judicial que podría derivar en una demanda penal contra altos cargos del Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dieron el primer paso del proceso judicial para avanzar hacia la intimación penal de los funcionarios del gobierno por incumplir con la transferencia de los fondos a las universidades exigido por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso a fines de 2025.
La semana pasada, el CIN presentó el «incidente de ejecución», un recurso que se configura como el paso previo a la demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el Secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La medida se deriva del incumplimiento manifiesto del gobierno nacional a la ley vigente de Financiamiento Universitario, que exige recomponer los fondos que las casas de estudios superiores necesitan para funcionar, así como los recursos para el pago de salarios, que representan alrededor del 90% de los fondos totales de las universidades públicas.
Desde fines de 2023, el presupuesto universitario acumula una caída del 45%, ya que el gobierno transfirió poco más de la mitad de los fondos necesarios para gastos de funcionamiento y becas de investigación. En términos salariales, los docentes y no docentes perdieron 141 puntos contra la inflación desde la asunción de Javier Milei.
La propuesta del gobierno nacional para resolver el conflicto es recomponer, mediante su propia ley de financiamiento, un 12,1% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación acumulada fue del 35%) y 0% de lo perdido en 2024 (con una inflación del 118%).
Los rectores avanzan en una doble estrategia judicial y social. Con una cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo, la semana pasada presentaron el incidente de ejecución días antes de la apelación del gobierno ante la Corte Suprema, tras el fallo en segunda instancia favorable al reclamo de las universidades.
Según fuentes del CIN, el recurso es «un paso previo a demandar penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público a los funcionarios del gobierno nacional, con foco en Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez». La medida intima al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento de la ley, enviando a cada universidad la partida presupuestaria correspondiente, bajo apercibimiento de fijación de astreintes o multa diaria por cada día de retraso, y da parte a la justicia criminal para investigar la posible comisión del delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
El recurso tiene sus limitaciones: el techo de la intimación es el 25% del salario de los funcionarios y su finalidad es la penalización por negarse a cumplir la ley, sin resolver de fondo el desfinanciamiento del sistema universitario, en un contexto donde el gobierno busca avanzar hacia el arancelamiento de las universidades públicas.
Esta semana, desde el juzgado federal a cargo de Martín Cormick, quien falló en primera instancia a favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades, se instó a los rectores a reclamar el embargo de las cuentas de los funcionarios. Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno Nacional en diciembre de 2025 (ratificado en 2026) cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo la actualización de salarios y becas, y suspendiendo decretos oficiales.
El embargo de cuentas es un recurso legal ante el incumplimiento de una ley por parte de funcionarios, que hasta ahora los rectores no han utilizado. «Los rectores podrían ir más fuerte», sugirieron en el juzgado, por lo que se espera una definición en las próximas horas.