El Senado inicia el debate del proyecto oficial de reforma de la ley de Salud Mental, que modifica puntos clave como las internaciones sin consentimiento y la inclusión de adicciones en la política de salud mental.
El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto oficial de reforma de la ley de Salud Mental. A las 16.30 se realizará un plenario de las comisiones de Salud —que se constituirá en esa misma sesión bajo la presidencia de la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta— y de Legislación General, que conduce la también libertaria neuquina Nadia Márquez.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, modifica la ley sancionada en 2010 en dos puntos centrales: habilita las internaciones sin consentimiento del paciente y reconoce formalmente las adicciones como parte de las políticas de salud mental.
Uno de los cambios más controvertidos es la flexibilización de los criterios de internación. La legislación vigente prohíbe las internaciones obligatorias; el nuevo texto las permite bajo la figura de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», en reemplazo del concepto de «riesgo cierto e inminente». El proyecto mantiene que la internación es «un recurso terapéutico excepcional» y solo procede cuando aporta mayores beneficios que otras intervenciones en el entorno familiar, comunitario o social del paciente. Además, fija plazos precisos: la internación involuntaria deberá comunicarse a un juez dentro de las 24 horas y remitirle toda la documentación en un plazo de 48 horas.
El proyecto integra formalmente el consumo problemático de sustancias a las políticas de salud mental. Establece que «las adicciones deben ser abordadas como parte integrante» de esas políticas y que el tratamiento deberá contemplar «la singularidad de cada persona y el momento o etapa del consumo», garantizando el respeto de todos los derechos establecidos en la ley.
Otro eje del proyecto es el fortalecimiento del rol del médico psiquiatra. Si bien mantiene el esquema de equipos interdisciplinarios, incorpora la presencia obligatoria del psiquiatra y le otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, en contraste con el enfoque horizontal de la ley actual.
La reforma es reclamada por familiares de personas con adicciones, quienes sostienen que la ley vigente no ofrece herramientas suficientes para atender a estos pacientes. Sin embargo, enfrenta la oposición del kirchnerismo y de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan los alcances de las internaciones no voluntarias y el retroceso en el enfoque interdisciplinario.