La abogada Andrea Morales Leanza advierte sobre una serie de desalojos en comunidades indígenas y campesinas del norte argentino, y cuestiona proyectos legislativos que podrían agilizar estas expulsiones.
La abogada Andrea Morales Leanza, especializada en Derecho Indígena, expresó su preocupación por la situación de comunidades indígenas y familias sin vivienda en diversas provincias del norte argentino. En un análisis publicado, señaló que los desalojos en la Puna, Humahuaca, Cachi y la Comunidad Indígena de Peñas Negras responden a un mismo patrón de avance sobre territorios ocupados ancestralmente.
Según Morales Leanza, el Estado ha mostrado presencia mediante patrulleros y órdenes judiciales en zonas donde históricamente no llegaron servicios básicos como agua, salud o justicia. La abogada citó el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultas previas ante decisiones que los afecten.
La profesional también cuestionó proyectos legislativos en debate, como el denominado “desalojo exprés”, que, de aprobarse sin resguardos, podrían debilitar las garantías procesales de comunidades campesinas, indígenas y familias vulnerables. Sostuvo que estas medidas facilitarían expulsiones sin considerar la complejidad social y constitucional de los conflictos.
Morales Leanza enfatizó que la pérdida de territorio implica también la pérdida de identidad, historia y lugares sagrados para las comunidades. Citó a la filósofa Hannah Arendt, al filósofo Emmanuel Levinas y al papa Francisco para subrayar la importancia de reconocer al otro como sujeto de derechos.
La abogada concluyó que la democracia no debe medirse solo por la estabilidad económica, sino por su capacidad de proteger a los más vulnerables y respetar la Constitución. Afirmó que “ningún proyecto económico será verdaderamente legítimo si se construye sobre el despojo, la violencia y el silencio”.