El proyecto de ley que crea un registro de personas denunciadas por impedir el vínculo entre progenitores e hijos generó rechazo en distintos sectores. La iniciativa se discute en un contexto de causas judiciales por violencia intrafamiliar y de normativas que reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos.
La discusión sobre un proyecto de ley que propone crear un registro de personas denunciadas por impedir u obstaculizar el vínculo entre progenitores e hijos se desarrolla en distintos ámbitos. La iniciativa generó rechazo en diversos sectores, según se consignó.
En junio de 2014, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación emitió un fallo que definió a la violencia contra las mujeres como «un fenómeno grave, un problema social que afecta no sólo su progreso personal, sino el de su familia, su país, en fin a toda la sociedad que la rodea». En la misma resolución, la consideró «un obstáculo a la evolución de las naciones».
La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez. Estas normas establecen que su participación no implica que deban resolver el conflicto de los adultos.
El debate sobre el registro de denunciados se centra en el riesgo de convertir una problemática compleja en una respuesta automática, según los cuestionamientos recibidos. También se señalan las posibles consecuencias en situaciones de violencia familiar o de género.
La discusión incluye la necesidad de evitar que niños, niñas y adolescentes sean colocados en el lugar de mensajeros, árbitros o instrumentos de una disputa adulta. Las normas vigentes establecen que deben ser escuchados y que sus derechos deben ser protegidos en cada caso.