El Tribunal Oral Federal número 5 absolvió al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa Sueños Compartidos. La mayoría de las absoluciones fueron por unanimidad, salvo la del exministro, que contó con el voto en disidencia del magistrado Daniel Obligado. José López y Abel Fatala fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión en suspenso, mientras que Sergio y Pablo Schoklender recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente.
El Tribunal Oral Federal número 5 absolvió al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa conocida como Sueños Compartidos, en la que se investigó el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La decisión se suma a sus absoluciones en Vialidad y en el caso de la valija de Guido Antonini Wilson.
La mayoría de las absoluciones fueron por unanimidad del tribunal, salvo la del exministro, de la que el magistrado Daniel Obligado votó en disidencia. Por otra parte, el TOF 5 condenó a José López y Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión en suspenso, además de imponerles inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos tras haber sido considerados coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En esa línea también fueron condenados Sergio Schoklender a dos años y ocho meses de prisión en suspenso como partícipe necesario, mientras que su hermano Pablo fue condenado a dos años y cuatro meses, también en suspenso, por la misma figura penal.
La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera habían pedido una condena de seis años de prisión para el exministro. La acusación sostenía que De Vido, junto con José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, había tenido responsabilidad en una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El expediente investigó el destino de fondos públicos asignados al programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales en distintos puntos del país. Según la acusación, se produjo un desvío de más de $206 millones de los recursos destinados a esas obras. Ese era precisamente el monto que el tribunal ordenó decomisar, aunque deberá actualizarse cuando la sentencia quede firme.
A la salida de tribunales, Sergio Schoklender se refirió al proceso como un absurdo: «No se animaron a decir, después de 15 años: ‘Perdónennos, no cometimos ningún delito’. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho».
Y agregó: «No se desvió un puto fondo [sic.]”. Mencionó que efectivamente “si se hubiese cometido un delito, aun la pena de 6 años pedida por el fiscal hubiese sido chica. El haber impuesto una pena de 2 años y 8 meses en suspenso, una pena que, salvo condiciones mínimas, no tiene sentido, eso demuestra cómo funciona este sistema”. Finalmente, el exapoderado de Madres de Plaza de Mayo sentenció: «Hay votos en disidencia. No se animaron a reconocer la verdad y absolver. Este edificio es la muestra palpable del sistema judicial argentino».