El RIGI impulsa las inversiones mineras y las provincias asumen por primera vez el control total de la gestión de sus recursos, sin interferencias del poder nacional. El fenómeno plantea oportunidades y desafíos, entre ellos evitar que las riquezas se limiten a las regalías.
El auge de las inversiones mineras, estimulado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), encuentra a las provincias en una situación sin precedentes en términos políticos. Por primera vez concentran todo el poder de decisión, sin las interferencias del poder nacional que fueron clásicas, e intensas, desde que la megaminería debutó en la Argentina con Bajo La Alumbrera.
La constitución de las mesas del Litio y del Cobre es consecuencia de este empoderamiento frente a la Casa Rosada. También los cambios introducidos en la Ley de Glaciares, que otorga a los Gobiernos provinciales la potestad de establecer las áreas periglaciares en las que no pueden desarrollarse actividades mineras y productivas. En el caso de Catamarca, se suma la toma del control sobre el gerenciamiento de YMAD, con la mayoría del directorio en manos de la Provincia tras la salida de la Nación del esquema empresario.
La intervención de la administración nacional en el circuito de las inversiones se limita a la autorización para que los proyectos mineros se acojan al RIGI, que no es menor, pero de ahí en más el vínculo de los grandes emporios es con los gobiernos provinciales.
Es un cambio estructural de fondo, que conviene considerar cuando se evalúan los posicionamientos que asumen los oficialismos provinciales respecto de la gestión libertaria y las tensiones que tales decisiones provocan con la dirigencia del área metropolitana.
La minería no ha sido la excepción y Catamarca es un ejemplo. Uno de los ingredientes que signó la década del ’90 fue la gravitación que tuvo la administración nacional encabezada por Carlos Menem en la política minera, coto al que la Provincia tuvo acceso restringido hasta que el riojano dejó la Casa Rosada.
Un indicio de la importancia que el peronismo provinciano le asignaba al tema tomó estado público a fines de 2024, en el marco de la multimillonaria transacción por la que Rio Tinto adquirió Arcadium, de la que Livent tenía el 44%. Entre lo que adquirió Rio Tinto estuvo el yacimiento de litio pionero en el Salar del Hombre Muerto.
La Provincia no percibió ingresos por la operación porque se habían modificado las condiciones del contrato original, que impedía a los privados ceder los derechos adquiridos sin autorización expresa del Estado provincial. Esa condición se había establecido en el convenio original, aprobado por la Legislatura en marzo de 1991, vísperas de la Intervención Federal al gobierno de Ramón Saadi. El impedimento se anuló en 2017.
A caballo de la fiebre del litio, el kirchnerismo presentó proyectos en el Congreso para nacionalizar el recurso que no prosperaron.
Enfilar estos elementos históricos es útil para advertir el interés que siempre tuvo el poder nacional para controlar la gestión de los recursos mineros, independientemente de que la Constitución del ’94 haya establecido que su propiedad originaria es de las provincias. La autonomía minera es la última estribación de un largo camino que se inició con la sanción de la ley nacional de Inversiones Mineras en 1993.
El diseño que se afianza entraña oportunidades, desafíos y riesgos. Un ejemplo de las proyecciones más nocivas es lo que ocurrió con el proyecto Vicuña, en la cordillera de San Juan. Apalancado en las facilidades para las importaciones del RIGI, el gigante a cargo del emprendimiento compró todo su campamento prefabricado a una firma china, cuya oferta fue imposible de mejorar por competidores nacionales.
Episodios como el sanjuanino no tienen por qué ser asumidos como consecuencias indefectibles del nuevo modelo. Sí marcan la necesidad de articular políticas provinciales y regionales para conjurarlos o neutralizar los perjuicios que provocan a la industria y la producción.
Y el desafío aún pendiente: que las riquezas mineras no se reduzcan a las exiguas regalías que pagan los emprendimientos, sino que se traduzcan en calidad de vida, trabajo e ingresos para la sociedad.