La abogada Virginia Marta Cassola denunció al ministro de Economía y a directivos de Central Puerto por posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, defraudación y uso de información privilegiada, en relación con la venta de acciones de la minera AbraSilver beneficiada por el RIGI.
La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra directivos y accionistas de Central Puerto por los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
La presentación se refiere a la operación de Central Puerto con la minera canadiense AbraSilver, que explota el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca. Según la denuncia, Central Puerto ingresó en AbraSilver en 2024 con una inversión de aproximadamente 25,5 millones de dólares por el 9,9% de las acciones. Esta semana vendió esa participación por 163,1 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 137,6 millones de dólares y una rentabilidad del 539% en dos años.
La denunciante sostiene que el aumento del valor de las acciones se relaciona con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que obtuvo la minera canadiense.
La denuncia pide investigar si Caputo intervino irregularmente en la aprobación del RIGI para AbraSilver «con el propósito de generar un beneficio patrimonial extraordinario en favor de Central Puerto».
También solicita determinar si hubo una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios para beneficiar a Central Puerto y si la venta de acciones «constituyó la realización del beneficio económico derivado de aquella maniobra, determinándose asimismo si existió utilización o suministro de información no pública».
El texto de la denuncia afirma: «Corresponde investigar la intervención de Caputo y de los funcionarios que participaron en la evaluación, tramitación y aprobación del RIGI, determinando qué información poseían durante el trámite, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto, qué reuniones celebraron y si existieron instrucciones, gestiones o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos ordinarios que permitieran favorecer la operación».
Agrega: «Asimismo, deberá establecerse qué conocimiento tenían Central Puerto, sus directivos, accionistas y representantes acerca de la aprobación del RIGI y de sus consecuencias económicas antes de que dicha información fuera públicamente conocida, determinándose si la permanencia de Central Puerto en AbraSilver y su posterior decisión de vender la participación estuvieron vinculadas con información obtenida directa o indirectamente de funcionarios públicos».
Finalmente, la denuncia solicita que se investigue si la maniobra «consistió en la utilización del RIGI y de las facultades del Ministerio de Economía para favorecer económicamente a un grupo privado vinculado con un proyecto en el que Central Puerto mantenía una participación accionaria, permitiendo que dicha sociedad capturara posteriormente una valorización extraordinaria mediante la venta de su participación y distribuyera inmediatamente el producido entre sus accionistas».