El Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% en el primer semestre de 2026, mientras que especialistas sostienen que la metodología subestima el índice y que ya supera el 50%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer esta semana el Índice de Pobreza correspondiente al primer semestre de 2026, que registró un 32,3% de personas en hogares cuyos ingresos no cubren el Costo de la Canasta Básica Total (CBT). La indigencia, que mide a quienes no pueden adquirir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en 7,5%.
Según los datos oficiales, entre el último semestre de 2025 y el primero de 2026 casi 2 millones de personas cayeron en la pobreza, lo que equivale a 11.200 nuevos pobres por día. En el mismo período, la indigencia aumentó en 560 mil personas, a razón de 3.111 por día.
El informe del Indec también señala que el índice del segundo trimestre de 2026 alcanzó el 34,6%, rozando los 16,1 millones de personas. El promedio semestral del 32,3% surge del cruce de ese valor con el 30% registrado en el primer trimestre.
Un informe del Instituto Universitario CIAS indica que, si no se contabilizaran los ingresos por transferencias sociales (AUH y otros), la pobreza del 30,2% atribuida al primer trimestre escalaría a un 35,3%.
El director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Claudio Lozano, declaró: «Vas a tener un tercer trimestre que va a tender a mantenerse un poco por encima de los niveles del segundo de cerca del 35% pero por el impacto del aguinaldo. Te vas a ir al 38,5% en el cuarto trimestre y quedará un promedio del 36,5% aproximadamente para el semestre». Si se desestimara el aguinaldo, aclaró, «la pobreza ya estaría en un 37%».
En cuanto a los niños de 0 a 14 años, la información semestral promedio indica que la pobreza afectaba al 44,5% y la indigencia al 10,5%. Aplicando los mismos criterios, en la actualidad la pobreza alcanzaría al 51% de los niños.
Especialistas en indicadores sociolaborales sostienen que la metodología oficial subestima los índices de pobreza. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la consultora Equilibra, el IPyPP y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) coinciden en señalar inconsistencias metodológicas.
Alfredo Serrano Manc, de CELAG, afirmó: «Estos datos están totalmente subestimados y alejados de la realidad por tres factores». Entre ellos mencionó la subestimación de la inflación y la CBT por la falta de actualización de la Encuesta de Gastos en Hogares de 2018, la sobrestimación de ingresos por EPH, en particular los del sector informal, y la omisión de la problemática de quienes deben pagar alquiler. «Estimamos que hay unos 20 puntos de subestimación de pobreza real en Argentina», agregó.
Equilibra, dirigida por el economista Martín Rapetti, sostiene que la «pobreza corregida por canastas y subdeclaración» afectaba en promedio durante el primer semestre al 44,9% de la población. «Una estimación preliminar de nuestra medición alternativa de pobreza (que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18) arroja que la incidencia de la pobreza roza 45%», señala la consultora.
El CEPA, conducido por Hernán Letcher, plantea tres cuestionamientos: la captación de ingresos no laborales afectada por cambios en la EPH, los ingresos de trabajadores no registrados que se desvinculan de la evolución del SMVM, y el problema de las ponderaciones y el impacto sobre la estimación de la CBT. Según el CEPA, «la estimación de los ingresos de los hogares —en particular de aquellos ubicados en los deciles más bajos utilizados para la medición de la pobreza— se ve sensiblemente afectada por los cambios introducidos en la EPH».
Lozano también se refirió al endeudamiento de las familias vulnerables: «Cuando escalaron los precios, los más pobres terminaron endeudados con el usurero del barrio y las aplicaciones». Y agregó: «Volvimos a los niveles de pobreza de Alberto Fernández pero con una situación de fuerte destrucción patrimonial porque los que cayeron en la pobreza y salieron, pero para sostener esa situación tuvieron que quemar ahorros, tomar créditos o aumentar las horas de trabajo».
Según Lozano, «más de la mitad de los 20 millones de endeudados lo están con proveedores financieros no bancarios. De los 6,8 millones de morosos más de 4 millones son inferiores al millón de pesos y los acreedores principales son Galperin y Tarjeta Naranja».
El gobierno nacional no emitió declaraciones sobre estos informes.