La prescripción de una causa por corrupción de menores en Tinogasta y la de la Tragedia de la Alcaidía fueron admitidas por la Justicia. No hubo pronunciamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo ni de organizaciones civiles.
La prescripción de una causa por corrupción de menores abierta en Tinogasta hace 13 años es el segundo caso de negligencia judicial admitido por la propia Justicia que toma estado público sin que ningún órgano institucional de la Provincia haya manifestado interés por pronunciarse. El primero fue el de la Tragedia de la Alcaidía, en el que la Corte de Justicia asumió las responsabilidades del sistema judicial y ordenó sumariar a los operadores involucrados en la gestión del expediente.
El cierre por el paso del tiempo de una causa penal por un hecho de la magnitud de la Tragedia de la Alcaidía, en la que cuatro adolescentes que permanecían detenidos al margen de la ley murieron calcinados en una celda, no generó reacciones institucionales en Catamarca.
La Corte se expidió sobre las deficiencias en el trámite del proceso y tomó disposiciones para sancionar a los responsables. En contraste, no hubo pronunciamientos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados ni del ámbito académico.
En la sentencia que prescribió la causa por corrupción de menores, el juez de Garantías de Tinogasta resaltó que la decisión no implicaba la inocencia del docente acusado. También realizó un llamado de atención al Ministerio Público Fiscal por dejar transcurrir 13 años sin impulso del expediente.
Según la sentencia, la prescripción no satisface a ninguna de las partes: si el docente acusado es inocente, seguirá cargando con el estigma; las víctimas continuarán en su calidad de supuestas. La resolución cristaliza un limbo: para la víctima, puede haber sufrido un delito y no obtener una sentencia que lo reconozca; para el acusado, cargar con una sospecha que no será despejada mediante un pronunciamiento sobre el fondo de la acusación; para la sociedad, quedar condenada a la incertidumbre.
En el caso de la Alcaidía, los jerarcas involucrados obtuvieron absoluciones y mantuvieron su buen nombre a los pocos años de las denuncias. Los condenados a salvarse por la prescripción fueron cuatro agentes que estaban de guardia cuando se desencadenó el episodio en instalaciones que no reunían las condiciones de seguridad.