La Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo de Paola González Pinto, investiga varias denuncias por intimidaciones y difusión de datos personales vinculadas al caso de ciberbullying en el Colegio Pía Didoménico. Entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre se radicaron presentaciones que incluyen amenazas de muerte y un ataque a pedradas contra una vivienda.
La Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, lleva adelante varias denuncias relacionadas con el caso de ciberbullying en el Colegio Pía Didoménico. Fuentes judiciales informaron que entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre se radicaron presentaciones por amenazas e intimidaciones.
Según se precisó, familiares y allegados de una estudiante investigada denunciaron haber recibido intimidaciones explícitas de muerte y amenazas de violencia sexual mediante llamadas telefónicas, mensajería directa y redes sociales. Los mensajes incluyeron imágenes violentas y la difusión no consentida de domicilios particulares y números telefónicos.
La Fiscalía dispuso medidas de resguardo e implementó rondas policiales preventivas en las viviendas de las personas denunciantes. También exigió la preservación de evidencia digital para identificar a los responsables, incluso si operaron mediante cuentas falsas o anónimas.
En paralelo, se ratificó que en la Fiscalía Penal Juvenil continúan las actuaciones para proteger a la víctima inicial con medidas de asistencia integral, manteniendo el sigilo que exige la legislación de protección de personas menores de edad.
Se denunció formalmente que la vivienda de una de las estudiantes involucradas fue blanco de un ataque a pedradas. La difusión de audios privados y la publicación de datos sensibles de los alumnos denunciados precedieron a estos hechos.
Las autoridades del Ministerio Público Fiscal hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de compartir videos, audios, fotos o cualquier dato identitario de las personas involucradas. “Su circulación agrava el daño, expone a quienes ya son víctimas y no contribuye al esclarecimiento de los hechos”, remarcaron fuentes judiciales. También se indicó que amenazar o difundir información personal con fines intimidatorios constituye la presunta comisión de delitos penales.