La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 entidades, el 32,41% de las cooperativas y mutuales vigentes en el país, según el documento. La medida exige la presentación de documentación contable y asamblearia del período 2023-2026.
La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 entidades, lo que representa el 32,41% de las cooperativas y mutuales vigentes en el país, de acuerdo con el texto de la norma.
Según el documento, de un universo de 22.212 entidades, casi 9.000 fueron intimadas y 7.199 suspendidas. La resolución exige la presentación de documentación asamblearia y estados contables del período 2023-2026.
El Instituto Cecilia Grierson, en un informe citado por el autor de la nota original, señaló que el período requerido coincide con el trienio de mayor crisis para el sector, con paralización de la obra pública, caída de la demanda interna y depresión del consumo.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) advirtió que la mayoría de las entidades afectadas son cooperativas textiles, de construcción, de cuidado o de pesca artesanal, y que exigirles auditores y contadores certificados para presentar balances representa una carga económica que, según la entidad, no pueden afrontar.
El texto original sostiene que la pérdida de la personería jurídica y del CUIT implica la imposibilidad de facturar y el fin de la fuente de trabajo autogestionado, y que en el interior del país amenaza con dejar a pueblos sin servicios esenciales como agua potable o energía.
Respecto del financiamiento, el INAES se financia a través del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU), creado por la Ley 23.427, con un aporte del 0,5% del patrimonio de las cooperativas y del 0,03% de las cuotas de cada socio en las mutuales. Según los números del Presupuesto 2026 citados en la nota, se prevén ingresos por $89.930 millones provenientes de este fondo, mientras que el gasto autorizado para el sector es de $18.871 millones; la diferencia, más de $71.000 millones, se destina a «inversión financiera».
El autor del texto original, Juan José Sánchez, propone que el INAES reasigne fondos del FONEDU para crear un Fondo de Regularización y Asistencia Contable que cubra el 100% de los costos de honorarios de auditores, contadores y trámites administrativos requeridos para que las entidades suspendidas e intimadas puedan presentar sus balances y regularizar su situación.
La nota original fue publicada con la firma de Juan José Sánchez, licenciado en Administración y en Comercio Internacional, especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS – UNQ) y en Planeamiento Educativo (IIPE – UNESCO), miembro del Instituto de Investigación Cecilia Grierson de la Asociación La Carrillo y del Partido Solidario (PSOL).