En la audiencia del martes, José Rodríguez, ex cobrador de impuestos, afirmó que Shirli Cordero manifestó su voluntad de abonar el cargo de habilitación, pero que el exintendente Elpidio Guaraz ordenó la clausura del local. La declaración de la denunciante se reanudará este jueves.
En el Juzgado Correccional N° 1 se realizan mejoras técnicas para posibilitar la recepción de la declaración de Shirli Cordero, la mujer que denunció al exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, por abuso de autoridad. La audiencia del martes pasado, en la que declararon testigos, aportó detalles sobre los hechos.
Cordero se constituyó como querellante particular con el patrocinio de la abogada Natalia Páez Vaca y solicitó declarar a distancia. Debido a fallas técnicas, el juez Diego Roberto Chaile Costilla, en reemplazo del titular Marcelo Forner, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves para recibir su testimonio.
En la audiencia del martes, José Rodríguez, quien se desempeñaba como cobrador de impuestos, declaró que no cobró la habilitación en su momento porque de eso se encargó Guaraz, a pesar de que la denunciante siempre manifestó su voluntad de abonar el cargo de habilitación. Rodríguez aseguró que le hizo saber a Guaraz que la mujer sí quería pagar y que, aun así, el intendente ordenó la clausura del local.
También informó que vio a Cristina, madre de la denunciante, cuando rompía el segundo decreto de cobro y cuando la mujer le dio una cachetada delante de todos, mientras le decía a Guaraz: “¿Qué se piensa, que porque mi hija no te lo presta vas a venir a hacer lo que quieras?”.
Por su parte, Cristina explicó que Guaraz acosaba a su hija, quien debió renunciar a su trabajo en la Terminal de Ómnibus, como dependiente de la municipalidad. Aseguró, además, que la joven debió irse del pueblo por el hostigamiento tras la clausura ordenada por Guaraz. Según declaró, el hombre la citaba en horas de la noche y en su domicilio particular con el pretexto de trabajar sobre temas relacionados con hospedajes. Inclusive, dijo que el entonces intendente le sacaba fotos.
La defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros en reemplazo del letrado Luciano Rojas, había pedido al Tribunal que declarara la nulidad absoluta de una pericia informática, del acta de visualización, del decreto de determinación del hecho y del requerimiento de elevación a juicio. Los planteos fueron rechazados por el juez Costilla.