La Provincia analiza la propuesta. Nación compensaría el 50% de los fondos. Hasta la primera semana de noviembre, Catamarca recaudó casi $7.700 millones.
Tras anticiparlo en declaraciones periodísticas, el gobernador Raúl Jalil analizó junto a su equipo de gobierno y legisladores provinciales la posibilidad de eliminar el Impuesto a los Sellos para la próxima ley impositiva, que en las próximas semanas deberá ser presentada en la Legislatura. El Gobierno nacional propuso compensar el 50% de los fondos que se dejarían de percibir, pero solo a las provincias que estén adheridas al RIGI. Catamarca retiró la alícuota para casi todas las actividades en 2024, y en lo que va de 2027 el impuesto significó para una recaudación de casi 7.700 millones de pesos, que se proyecta a $9.000 millones.
Ayer, el gobernador Jalil encabezó una reunión con el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Gobierno, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y el presidente provisorio del Senado, Ramón Figueroa Castellanos; el equipo de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT); los diputados María Argerich y Germán Scolamieri; el senador Guillermo Ferreyra; la secretaria de Gabinete, Luz Soria; y la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, entre otros funcionarios.
El eje de la reunión fue la propuesta nacional de eliminar el Impuesto a los Sellos, que fue bien recibida por el Ejecutivo. «Las autoridades provinciales manifestaron su disposición a dialogar con el Gobierno nacional y analizar la posibilidad de acompañar la medida, evaluando especialmente el mecanismo de compensación del 50% planteado por Nación», indicó Casa de Gobierno.
En efecto, el martes pasado, en la Conferencia Anual de la Unión Industrial, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, propuso a las provincias asumir el 50% del costo de la eliminación del Impuesto a los Sellos, al que consideró como «un desastre tremendamente nocivo».
La propuesta está disponible para las provincias que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), dos requisitos que Catamarca ya cumple.
Desde 2024 la Provincia redujo a tasa cero casi todos los actos, contratos y operaciones en general. Sin embargo, quedan alcanzados aquellos inherentes a las operaciones con automotores, la construcción, proveedores del Estado y están gravados en su totalidad los que corresponden a las operaciones mineras, todas estas «por sus implicancias en la actividad de la Provincia».
En ese contexto, en lo que va de 2026 (hasta la primera semana de noviembre inclusive), la Provincia recaudó $7.691.436.126,18 por este impuesto. El mes con mayor recaudación fue septiembre, con casi $1.320 millones, y el de menor recaudación fue marzo, con poco más de $500 millones. En promedio, el Impuesto a los Sellos le significó a Catamarca unos $750 millones mensuales este año, y si esa cifra se proyecta para el cierre de este mes y el próximo, habrá alcanzado unos $9.000 millones.
De esta manera, si se decidiera la eliminación de este tributo, el costo fiscal para la Provincia sería de entre $4.500 y $5.000 millones a cifras actuales, por lo que Nación debería responder con una compensación de igual monto.
Según precisó el Gobierno tras la reunión de ayer, «la agenda fiscal forma parte de las discusiones preliminares del Presupuesto 2027 y apunta a evaluar medidas tributarias que contemplen tanto la situación de las cuentas provinciales como las necesidades de los sectores productivos». El Gobierno tiene plazo para presentar la ley de Presupuesto hasta el próximo 30 de noviembre inclusive, y esta semana algunos legisladores plantearon la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarios o se extienda el período ordinario para tratar este proyecto y el de ley Impositiva.
Por otra parte, se acordó avanzar en una reunión con representantes del sector industrial para definir los detalles de la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para esa actividad, una medida anunciada oportunamente por Jalil. En esta línea, se prevé convocar a otros sectores productivos que cuentan con regímenes impositivos especiales, con el propósito de analizar alternativas y establecer cómo avanzar en posibles modificaciones.
El anuncio se hizo el 24 de septiembre, en el marco de la visita a Catamarca del presidente de la UIA, Martín Rappallini. En ese momento, Jalil recordó que la eliminación de los Ingresos Brutos «fue compromiso asumido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, si Nación entregaba la Zona Franca». El acuerdo por la Zona Franca se firmó el 28 de agosto y la Legislatura lo refrendó semanas atrás.
La decisión, ampliamente celebrada por los referentes del sector industrial catamarqueño, generó la inmediata réplica en el comercio, que solicitó también ser incluido en este beneficio.
Este miércoles último, representantes de la Unión Comercial de Catamarca y la Federación Económica de Catamarca anunciaron que presentarán al Gobierno una propuesta de reforma tributaria basada en cuatro ejes: la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos y su eliminación para determinadas actividades productivas; la exención del Impuesto Inmobiliario para inmuebles destinados a producción y depósitos; la eliminación del Impuesto de Sellos para proveedores del Estado; y «un Código Tributario estable que brinde previsibilidad a las empresas».
La eliminación de Ingresos Brutos también es un planteo que encabezó el diputado provincial Francisco Monti, con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza.
La industria, la agroindustria, la economía del conocimiento, las energías renovables y parte del turismo tienen algún tipo de ley especial o exención impositiva; y el gobernador dijo días pasados en una entrevista con Ámbito Financiero que trabajan junto al CFI en una reforma tributaria que facilite el mecanismo.
Según indicó, las empresas que consiguen los certificados para no pagar los impuestos son «las más grandes o más preparadas», y en el medio quedan empresas que no tienen esa estructura y no consiguen la exención. «Lo que queremos es que no tengan que pedir una excepción en cada caso, sino que los beneficios se apliquen de manera más automática a las actividades alcanzadas», explicó.