Pedido de informe a la Municipalidad de Perico por la concesión de la Feria Mayorista

• El concejal Walter Cardozo cuestionó los procesos de concesión de la Feria Mayorista de Perico.
• Calificó al intendente Ficoseco como un «violador serial de la carta orgánica y las normativas vigentes».
• Dijo que el gobierno radical en estos 10 años de gestión produjo un gran endeudamiento en la provincia.

Luego de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Perico, se abordaron dos temas muy importantes: uno hace referencia a la polémica concesión de la feria mayorista de la ciudad, mientras que el otro tema marca irregularidades en el proceso de recategorización de empleados municipales.

Respecto a la concesión de la Feria Mayorista de Perico, Cardozo puntualizó: “Han ingresado pedidos de informe presentados por las concejales Mónica Sánchez, Anahí Juárez, y Walter Cardozo, mediante los cuales se solicita al Intendente Municipal que remita al Concejo Deliberante el anexo de un convenio firmado entre el Ejecutivo y la Cooperativa de Feriantes Mayoristas. Dicho convenio fue suscripto a espaldas del Concejo Deliberante, sin que este cuerpo legislativo tomara conocimiento previo ni posterior de su contenido.

Resulta inadmisible que se pretenda concesionar por un plazo de diez años un predio de siete hectáreas, en el que desarrollan su actividad laboral cerca de seiscientos comerciantes, mediante una decisión unilateral y discrecional del Intendente, sin la intervención ni el control del Concejo Deliberante, tal como lo exige la normativa vigente.

Este accionar constituye, a nuestro entender, un atropello institucional y un abuso de autoridad por parte del Intendente Municipal. Por tal motivo, se ha requerido formalmente la remisión del convenio y sus anexos, a fin de que el Concejo Deliberante pueda tomar cabal conocimiento de la situación y, conforme a los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica Municipal, avanzar en los pasos que legal e institucionalmente correspondan.”

Asimismo agregó que hay muchos feriantes que no son socios de la cooperativa quienes han denunciado reiteradamente maltratos y amenazas, desnudando la falta de control de las autoridades correspondientes. A tal punto de que los ediles citaron a dar explicaciones sobre el tema al intendente, funcionarios y miembros de la Cooperativa de Feriantes Mayoristas. Calificando al Intendente Rolando Ficoseco como un violador serial de la carta orgánica y las normativas vigentes.

Recategorización de empleados municipales

En relación a la recategorización de empleados municipales, el concejal Cardozo remarcó: “Cabe aclarar que esta recategorización ya había sido sancionada hace aproximadamente un mes y medio mediante una ordenanza. Sin embargo, el Intendente Municipal, por una cuestión de ego y capricho, la vetó sin fundamento alguno. Ante esta situación, el Concejo Deliberante insistió en la sanción de la norma conforme lo establece la Carta Orgánica, alcanzando no solo los dos tercios requeridos, sino la unanimidad de sus miembros, por lo que la ordenanza quedó firme.”

Y continuó diciendo que pese a ello, el Intendente, haciendo caso omiso a la normativa vigente y con argumentos que no resultan sólidos ni válidos, emitió un decreto mediante el cual pretende pagar —y no siempre— la recategorización a los empleados municipales, reemplazando indebidamente lo establecido por la ordenanza.

Este accionar constituye un hecho grave que afecta la institucionalidad, la gobernabilidad y demuestra una clara falta de respeto hacia el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo ha sancionado una norma y esta se encuentra firme, el Intendente debe limitarse a cumplirla. No puede, de manera unilateral, tomar decisiones que contradigan una ordenanza vigente, ya que ello resulta sumamente grave y, obviamente, no lo vamos a permitir, puntualizó el concejal.

Dicho decreto ha sido girado a la comisión correspondiente del Concejo Deliberante para su análisis y asesoramiento legal. Desde ya, y a título personal, sostengo que un decreto nunca puede estar por encima de una ordenanza. Tanto la Constitución Nacional como la provincial y el principio de jerarquía normativa son claros: siempre prevalece la norma de mayor rango jerárquico, y en este caso, corresponde a la ordenanza, enfatizó.

Balance por los 10 años de la gestión Radical

Asimismo, brindó su opinión con respecto a los 10 años del gobierno Radical en Jujuy. En estos diez años, la provincia de Jujuy ha incrementado su deuda de manera tremenda. Hoy se debe diez veces más —o quizás mucho más— de lo que originalmente recibió la provincia. Este endeudamiento surge, entre otras cosas, de los créditos vinculados al proyecto Cauchari, al GIRSU, a la instalación de cámaras de videovigilancia que ni siquiera están funcionando en la provincia, a la construcción de escuelas, y a otras iniciativas que no han tenido el impacto prometido.

A ello se suma un incremento indebido y récord en la cantidad de funcionarios dentro del gobierno, así como la incorporación de planes de contingencia jamás vistos en la historia de la provincia de Jujuy. Todo esto ha generado un déficit elevado, aunque desde el oficialismo insistan en afirmar que existe superávit.

También debe mencionarse el endeudamiento de Cannava SE y la reforma de la Constitución provincial, cuyo procedimiento fue claramente deficiente. Prueba de ello es la situación en la que hoy se encuentra el gobernador Gerardo Morales, fuertemente cuestionado por amplios sectores de la ciudadanía jujeña. Lamentablemente, se han tomado decisiones administrativas de manera incorrecta, sin respetar los procedimientos legales e institucionales correspondientes.

Si hacemos un balance general, no considero que estos diez años hayan sido positivos para el pueblo jujeño. Se ha incrementado la pobreza, la obra pública se encuentra paralizada, se han multiplicado los cargos otorgados por favores políticos, la salud pública muestra un claro deterioro y en educación no se observa crecimiento ni desarrollo.

Por último afirmó que existe un gran enojo por parte del pueblo periqueño ya que este gobierno no respeta el legado de Plinio Zabala, destinando esas tierra a la producción de cannabis y no a la producción tabacalera, frutihorticola como lo establecía dicho legado.

Incluso, habiendo conseguido financiamiento para la construcción de 250 escuelas —fondos que efectivamente ingresaron a la provincia—, no se ha construido ni siquiera la mitad de lo prometido. Por todo esto, no veo que el balance de los diez años del gobierno radical sea favorable para los jujeños.