La disidencia cubana, a través del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima”, presentó este jueves un plan estratégico para una transición política, social y económica en Cuba, en el marco de lo que describen como una crisis sistémica.
La disidencia cubana, tanto en el exilio europeo como dentro de la isla, se encuentra en un proceso de movilización política ante lo que califican como una crisis sistémica. En este contexto, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” presentó este jueves una hoja de ruta para estructurar una transición política, social y económica integral, con el objetivo de dejar atrás el actual modelo de partido único conducido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
“Cuba se halla hoy ante un punto de inflexión histórica. La crisis sistémica —manifestada en un colapso energético crónico, inseguridad alimentaria y una fractura del tejido social— ha desbordado al modelo actual. Ante un Estado paralizado, la inacción no es opción”, señala el manifiesto firmado por intelectuales y activistas como Roberto Veiga y Michel Fernández. La propuesta descarta la confrontación armada y propone una “Apertura Acordada”, definida como una transición transaccional basada en pasos recíprocos, verificables y con garantías de la comunidad internacional.
El plan se articula en dos ejes simultáneos: un Diálogo Soberano Multiactor en el plano interno y un proceso de Normalización Estratégica con Estados Unidos. Para facilitar la negociación con la dirigencia del Partido Comunista de Cuba y las Fuerzas Armadas, la plataforma promueve una Mesa de Negociación Política que implemente una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso. Este instrumento legal buscaría la liberación de presos políticos y garantizaría al estamento militar y administrativo actual una alternativa basada en la justicia transicional, evitando purgas o persecuciones.
En el ámbito externo, ante la presión de la administración estadounidense de Donald Trump, “Cuba Próxima” plantea exigencias a la Casa Blanca para aliviar el sufrimiento de la población civil, como el levantamiento del cerco energético, la flexibilización de viajes y remesas, y la apertura de la banca estadounidense para financiar empresas privadas en la isla. Los firmantes aclararon que no solicitan una “tutela internacional”, sino una mediación técnica y política de alto nivel a cargo de democracias latinoamericanas y la Unión Europea, como garantes del proceso hacia las primeras elecciones libres.