La oposición sugirió cambios para la ley de reforma de CAMYEN

La comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibió a autoridades de CAMYEN para analizar el proyecto de transformación en Sociedad Anónima Unipersonal. El dictamen de minoría propone modificaciones orientadas a la transparencia y el control.

La comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibió a las autoridades de la empresa minera estatal CAMYEN para analizar el proyecto de ley que propone transformarla de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y recibió dos despachos: el de mayoría, firmado por el oficialismo, y el de minoría, suscripto por todos los bloques opositores excepto la UCR, que sugirió modificaciones para “sumar mayor transparencia”.

Participaron de la reunión el vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina; la vocal del Directorio, Agustina Lencina; el síndico Daniel Zamora y la representante del área Legal, Virginia Doering. Los funcionarios explicaron los alcances de la iniciativa y respondieron consultas de los legisladores.

Molina se refirió a los mecanismos de transparencia, los organismos de control, el inventario de propiedades mineras y el alcance de la transformación. Sostuvo que la reforma permitirá modernizar la empresa, mantener el 100% de la propiedad estatal y dotarla de nuevas herramientas para potenciar inversiones.

Los diputados de GENERAR, La Libertad Avanza, MID y PRO presentaron un dictamen de minoría con propuestas para “fortalecer la transparencia, el control institucional y la protección del patrimonio de todos los catamarqueños”. Entre los cambios propuestos se incluyen: implementación de procedimientos competitivos para la transferencia de derechos mineros; exigencia de mayorías calificadas para decisiones estratégicas; creación de una cuenta especial para que los recursos de CAMYEN se destinen exclusivamente a exploración, infraestructura energética, desarrollo productivo, remediación ambiental y fortalecimiento patrimonial, con prohibición de financiar gastos corrientes del Estado; publicación obligatoria de contratos, inversiones, estados contables e informes ambientales y comunitarios; creación de un Registro de Integridad y Beneficiarios Finales para quienes contraten o adquieran derechos de CAMYEN; y limitación del secreto comercial únicamente a casos debidamente fundados, garantizando el acceso a la información sobre las operaciones de la empresa.

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