La medida de fuerza, en rechazo a la desregulación impulsada por el Gobierno, mantiene frenada la actividad en los principales puertos del país.
El Gobierno confirmó este martes que aplicará sanciones a los prácticos que mantienen paralizada la actividad portuaria. El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el Ejecutivo avanzará con las penalidades previstas en la normativa vigente, luego de que la Prefectura Naval Argentina intimara a los trabajadores a retomar sus funciones.
La paralización del servicio de practicaje afecta la operatoria en los principales puertos del país y genera consecuencias en el comercio exterior, la industria energética y otras actividades. La medida fue adoptada por los prácticos en rechazo a la desregulación del sector impulsada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 690/2026.
El conflicto se originó tras la entrada en vigencia de la norma promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la reforma al sostener que busca «desarmar kioscos» y convertir los ríos argentinos en «una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio». El servicio de practicaje consiste en asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, una tarea considerada clave para garantizar la seguridad de la navegación.
Entre los principales cambios introducidos por el decreto se encuentran la exención de contratar prácticos para determinados capitanes extranjeros con experiencia, la ampliación del tamaño de los buques que requieren asistencia obligatoria, la eliminación de los cupos para acceder a la actividad y la posibilidad de que la Prefectura Naval también pueda prestar el servicio.
Un conflicto difícil de destrabar
Los prácticos rechazaron la reforma y decidieron no aceptar nuevos contratos. Como la mayoría ejerce como profesional independiente y no está representada por un sindicato, el Gobierno enfrenta una dificultad adicional: no puede dictar la conciliación obligatoria, ya que técnicamente no existe un conflicto laboral colectivo.
Si bien la Prefectura Naval intimó a más de 500 profesionales a retomar sus tareas bajo apercibimiento de sanciones administrativas y penales, la actividad continúa prácticamente paralizada.
Impacto económico
Las consecuencias ya comenzaron a sentirse en distintos sectores productivos. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, declaró que cada buque detenido genera pérdidas de entre 50.000 y 100.000 dólares por día. «Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación», afirmó en declaraciones a Cadena 3.
El conflicto también alcanzó al sector energético. En Neuquén quedó suspendida la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur debido a las restricciones operativas en el puerto de Bahía Blanca.
En paralelo, la Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas por la falta de prácticos y advirtió que la situación podría afectar el abastecimiento por las demoras en el transporte de mercaderías.
La medida de fuerza alcanza a los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, aunque el mayor impacto se registra sobre el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.