La ministra Fernanda Rosales Andreotti defendió la normativa y afirmó que no busca limitar la información. El diputado Francisco Monti la había calificado como «censura previa».
La Corte de Justicia de Catamarca ratificó el protocolo que regula la actividad periodística y el registro audiovisual en los edificios del Poder Judicial. La defensa de la normativa estuvo a cargo de la ministra Fernanda Rosales Andreotti, quien brindó declaraciones a la prensa un día después de que el diputado provincial Francisco Monti (La Libertad Avanza) cuestionara la medida.
El legislador había calificado el protocolo como «vergonzoso e ilegítimo» y sostuvo que la Corte se declaró «infilmable». Según su planteo, la reglamentación alcanza no solo a la prensa sino a cualquier persona con un celular, que necesita un permiso previo otorgado por «quien va a ser filmado». Para Monti se trata de «lisa y llana censura previa», por lo que reclamó que la acordada sea dejada sin efecto.
«Claramente la intención del protocolo no ha sido esa, ni es la de esta Corte, ni lo será la de limitar la información», respondió la magistrada. Explicó que, desde la creación del Departamento de Comunicación, el objetivo del tribunal fue «todo lo contrario a establecer algún tipo de limitación o censura para la información periodística».
Según la ministra, lo que pretende la acordada es fijar «algunas reglas para que todos podamos respetar» ante determinadas situaciones, de modo que la información no perjudique los derechos de terceros ni el trabajo diario de las dependencias judiciales.
En ese marco, enumeró los casos en los que rigen límites legales: los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes, los delitos contra la integridad sexual y aquellos con datos sensibles, como los vinculados a la salud. La jueza diferenció los juicios orales y públicos del proceso penal del resto de las causas. «Las demás cuestiones son cuestiones privadas, especialmente aquellas que tienen que ver con los procesos de familia», precisó y sumó a esa categoría algunos procesos civiles y comerciales.
Consultada sobre el requisito de autorización para registrar imágenes, Rosales Andreotti sostuvo que está vinculado con el ingreso a las oficinas judiciales y a las salas de audiencia. Como ejemplo, citó los juzgados de familia, donde puede haber menores o personas que tramitan cuestiones «estrictamente privadas» de sus vínculos familiares. «Hacer una cobertura donde ellos se vean expuestos en una imagen que tal vez no quieren exponer puede generar algún tipo de intrusión en la privacidad de otras personas», advirtió.
Sobre el planteo del diputado, Rosales admitió que no lo escuchó y que solo leyó su publicación. Aseguró que el tribunal está a disposición del legislador y de cualquier funcionario con dudas sobre la interpretación del protocolo. Sobre un eventual pedido de audiencia previo, respondió: «Tengo entendido que no, por lo menos yo no tengo noticias de que haya sido así».