Rodrigo Reynoso (UP) presentó una denuncia penal contra el Tribunal de Cuentas de Catamarca por negarse a entregar copias certificadas de las rendiciones de cuentas municipales de los ejercicios 2022-2025. El organismo respondió que «no correspondía expedir copias certificadas».
El concejal de Los Altos, Rodrigo Reynoso (UP), presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia, al reclamar que el organismo se niega a entregar copias certificadas de las cuentas públicas de la Municipalidad de Los Altos y sus rendiciones presentadas entre 2022 y 2025. En la presentación, el edil solicita que se investiguen posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La denuncia busca determinar si existieron irregularidades en el acceso a la información pública, si hubo una maniobra para obstaculizar el control legislativo y otros eventuales delitos.
El conflicto se originó en una presentación realizada por el concejal el 6 de mayo de este año, cuando solicitó al Tribunal de Cuentas (Actuación n.º 65080) copias certificadas de las rendiciones de cuentas municipales correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. Según fundamentó Reynoso, la documentación resultaba indispensable para ejercer la fiscalización presupuestaria fijada por la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo, pese a reiterar el reclamo mediante un pronto despacho el 5 de junio y un segundo pedido el 17 de julio de 2026, el organismo demoró casi tres meses en expedirse y la respuesta, consideró, no fue satisfactoria.
Según indicó, el TC respondió el 31 de julio con una nota firmada por el presidente del organismo, Jorge Moreno, quien enumeró los registros e ingresos de diversas rendiciones de cuentas presentadas por el municipio pero manifestó expresamente que «no correspondía expedir copias certificadas», sin proporcionar fundamento legal alguno ni ofrecer alternativas de consulta. Además, cuestionó el edil, se omitió información sobre el segundo semestre de 2025.
«La respuesta no explicó de manera suficiente, en el texto que me fue notificado, cuál era la norma concreta que impedía entregar la documentación, si existía alguna restricción legal aplicable a cada pieza o qué modalidad alternativa se encontraba disponible para acceder a ella. Tampoco surge de esa contestación una respuesta específica respecto de las rendiciones correspondientes al segundo semestre de 2025 ni de las que eventualmente se hubieran presentado con posterioridad», declaró Reynoso.
Reynoso intimó al TC vía carta documento invocando la ley provincial n.º 5336 de Acceso a la Información Pública, señalando que «la enumeración de números de registro no equivale al acceso efectivo a los documentos que respaldan las rendiciones» y recordó que el principio de publicidad regido por la Constitución Provincial prohíbe negativas infundadas.
El concejal enmarcó la denuncia presentada ayer en un «bloqueo documental y una falta sistemática de respuestas del Ejecutivo municipal ante iniciativas parlamentarias del Concejo Deliberante durante todo el año». Entre ellas, mencionó pedidos de informes sobre la ejecución presupuestaria 2025, la plantilla de personal, la interpelación al secretario de Hacienda, fondos recibidos para cubrir desequilibrios financieros, la obra del polideportivo, la compra del predio para la Terminal y otros fondos especiales.
Ante la Fiscalía, el concejal planteó que se requieran los expedientes administrativos completos para determinar responsabilidades funcionales y penales; y concluyó que el control público «no es una facultad discrecional, sino una obligación institucional orientada a resguardar los recursos de la comunidad».