La viralización de un video en el que una joven se burla de una compañera derivó en causas penales en el Fuero Penal Juvenil y en la Fiscalía de Ciberdelitos. Tres adolescentes fueron imputados por producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una menor. El expediente principal está en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.
La difusión de un video en el que una joven de 18 años se burla del aspecto de una compañera y hace referencia a un video íntimo de ella se viralizó en Catamarca y en otras provincias. El hecho derivó en dos causas judiciales: una en el Fuero Penal Juvenil y otra en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos.
Expediente en el Fuero Penal Juvenil
Según la investigación, en abril tres estudiantes se habrían apropiado del celular de una compañera y, sin su consentimiento, habrían accedido a un video íntimo de ella con su novio. A partir de ese material, se habría producido y difundido el contenido entre compañeros de aula, de la misma escuela y de otras instituciones.
En junio, la madre de la adolescente realizó una denuncia en sede judicial. El fiscal Penal Guillermo Narváez quedó a cargo de la investigación.
En septiembre, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito presidió una audiencia en la que se abordó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de reparación integral del daño. La madre de la joven había señalado públicamente que el intento de acuerdo no perseguía fines punitivos, sino evitar que los adolescentes involucrados y sus familias atravesaran un proceso penal.
El fiscal Narváez manifestó su oposición a que se extinguiera la acción penal mediante esa alternativa, con base en la Resolución 51/24 de la Procuración General, de diciembre de 2024. Esa resolución establece pautas para acuerdos conciliatorios y de reparación integral, y dispone que las fiscalías deben oponerse cuando se trate de delitos cometidos en contextos de violencia familiar, de género o violencia sexual, o contra niños, niñas y adolescentes.
Fuentes judiciales indicaron que, como no hubo acuerdo entre defensas y querellas, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y el magistrado no tuvo que pronunciarse sobre la reparación integral.
Posteriormente, el fiscal imputó a los tres adolescentes por el presunto delito de “producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas, en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas”.
El expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí deberán resolver dos planteos: uno de la defensa de dos acusados con relación al segundo hecho imputado y otro del joven que aparece en el video, considerado ofendido pero excluido de la querella por ser mayor de 18 años.
Causa en Ciberdelitos
La viralización del video también dio inicio a otra causa en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos. La denuncia la realizó la asesora de Menores e Incapaces Carolina Acuña Barrionuevo y la fiscal especializada Paola González Pinto está a cargo de la investigación. La estudiante denunciada ya tiene 18 años, por lo que interviene el fuero de adultos. Según las fuentes, la imputación sería inminente.
Medidas administrativas y recurso de amparo
El Ministerio de Educación y Trabajo inició un sumario a las autoridades escolares. Según se informó, la cartera educativa señaló que la institución no notificó los episodios previos: la difusión no consentida del material íntimo en abril y la denuncia penal en junio. Además, indicó que el establecimiento no activó los protocolos vigentes para salvaguardar la integridad de la adolescente vulnerada y que no fue notificado formalmente por la Justicia sobre la denuncia penal ni sobre la investigación en curso.
El 26 de octubre, la institución educativa informó que los estudiantes imputados cursan de manera virtual y que la estudiante denunciada por la agresión fue reubicada en otro establecimiento. Esta decisión generó un nuevo expediente judicial: la estudiante presentó un recurso de amparo para que en un plazo de 48 horas se resuelva su situación y se frene la expulsión. La jueza de Control de Garantías Cecilia Mas Saadi resultó sorteada y se le confirmó la competencia.
Antecedente de reparación integral
En septiembre de 2024, un asalto en el barrio Parque América derivó en una causa con varios imputados en la que se propuso una reparación económica. El acuerdo entre el fiscal Hugo Costilla y las defensas fue homologado por el juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana. La medida generó rechazo de la Fiscalía General y planteos de nulidad. En diciembre de 2024, la Procuración General dictó la Resolución 51/24 con pautas para estos acuerdos. En marzo de 2025, el magistrado presentó su renuncia.