La jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación, Cecilia Mas Saadi, resultó sorteada para intervenir en el recurso de amparo presentado por la alumna del Colegio Pía Didoménico que fue reubicada en otro establecimiento. Resta definir si la magistrada es competente en la materia.
La jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación Cecilia Mas Saadi fue sorteada para resolver el recurso de amparo que presentó la estudiante del Colegio Pía Didoménico que fue reubicada en otro establecimiento educativo. Fuentes consultadas indicaron que aún resta definir si la magistrada es competente en esta materia.
La alumna enfrenta una denuncia penal en el marco de un caso de bullying. A través de un video publicado en redes sociales, relató cómo agredió a una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche. La difusión del material derivó en otra causa penal en el Fuero Penal Juvenil, en la que tres compañeros fueron imputados por difundir material de la intimidad de la joven hostigada. Por la reciente agresión, la estudiante fue denunciada en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en ciberdelitos.
En paralelo, las autoridades del Colegio Pía Didoménico resolvieron la reubicación de la alumna en otro establecimiento. La decisión fue notificada a sus padres el lunes. La estudiante, representada por el abogado Marcos Denett, presentó un recurso de amparo.
En su presentación, la joven sostuvo que es mayor de edad y que no se le permitió ejercer su defensa. Afirmó que la decisión se adoptó en reuniones en las que no participó y que fue notificada a través de sus padres, sin ser citada ni poder presentar un descargo. Sostuvo que la notificación a su familia no reemplaza su derecho a ser oída, ya que sus padres no son sus representantes legales. Según el escrito, ellos firmaron el acta con constancia expresa de disconformidad.
Además, el amparo señala que no se tramitó ningún procedimiento ante el Consejo de Convivencia que prevé la Ley provincial 5402, no hubo medidas graduales previas ni oportunidad de presentar un descargo. Indicó que se le aplicó directamente la sanción más grave. Cuestionó que el colegio tomó como base una denuncia penal que, aclaró, no se tradujo en una imputación en su contra. Hasta el momento no fue citada ni imputada, y en esa investigación no habría medidas dispuestas por una autoridad judicial. Invocó la presunción de inocencia.
La joven comparó su situación con la de otros alumnos y señaló que a compañeros investigados penalmente, algunos imputados por la difusión de material íntimo de la alumna afectada, el colegio les permitió continuar con modalidad virtual. A ella, en cambio, se le impuso un traslado compulsivo a semanas del egreso, que considera equivalente a una expulsión.
La estudiante solicitó que se declare ilegítima la disposición y que se la mantenga como alumna regular hasta fin del ciclo lectivo 2026 en modalidad virtual, con la posibilidad de rendir todas las evaluaciones y recibir su título. Como medida cautelar, pidió que se suspendan los efectos de la resolución y que en 48 horas se le permita seguir cursando a distancia. Ofreció comprometerse a no concurrir al establecimiento, a no tener contacto con la alumna afectada y a no hacer publicaciones sobre ella ni sobre el conflicto. Pidió además reserva de identidad y que se informe al colegio y al Ministerio de Educación y Trabajo.