El Poder Ejecutivo remitió este jueves al Congreso cuatro proyectos de ley: Ludopatía, Super RIGI, Lobby y modificación al Etiquetado Frontal.
El Gobierno anunció que hacia el fin de la jornada enviará cuatro proyectos de ley al Congreso. Se trata de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal. El anuncio se cerró en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei, ocurrido ayer por la mañana en la Quinta de Olivos.
El Poder Ejecutivo envía así el tercer paquete de reformas desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias de este año. “En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el ministro coordinador minutos después de las 17 horas.
El mensaje fue difundido después de que Adorni terminara su agenda de reuniones en Casa Rosada. Previamente estuvo con el canciller Pablo Quirno, y a ese encuentro se sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro duró una hora. Luego, Adorni se trasladó a la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con el Presidente la prioridad de cada iniciativa que el Ejecutivo tiene en carpeta y espera darle movilidad en ambas cámaras del Congreso.
En los últimos días se había trascendido que no habría un proyecto con mayor prioridad que el denominado Súper-RIGI, una iniciativa hermana del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones sancionado junto con la Ley Bases. La versión ampliada buscará generar incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25% al 15%, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.
El Gobierno acelera también con su propia versión de la Ley de Ludopatía, que la oposición había impulsado el año pasado en el Congreso. En ese entonces, la iniciativa había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con su redacción final, que buscaba aplicar restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, el establecimiento de jornadas educativas, regulaciones sobre los medios de pago, límites diarios de gasto y la elevación de penas para titulares de casas de apuestas que incumplan la normativa. La Casa Rosada aclaró oportunamente que no quería eliminar la publicidad de las casas de apuestas, pero sí regular la discrecionalidad con la que los menores acceden a las apuestas en forma digital. El enfoque principal es la regulación de las apuestas entre los jóvenes y la prevención de la adicción en este grupo.
El Gobierno anunció la reforma de la ley de etiquetado frontal con un proyecto que busca reducir o eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y permitir nuevamente la utilización de dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como recursos de marketing en los productos, cambios que actualmente están prohibidos. Además, busca modificar el cálculo de nutrientes críticos que determinan la presencia de los sellos y simplificar los trámites administrativos vinculados a la aplicación de la ley.
La más novedosa de todas las propuestas es la Ley de Lobby, que busca transparentar el lobby como una actividad de incidencia en las políticas legislativas. Se trata de una iniciativa que impulsa con particular interés el sector ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, inspirada en la experiencia que rige en Estados Unidos. En Chile, la Ley 20.730 establece la obligatoriedad de la publicidad de la actividad de lobby, definiéndola como la gestión profesional de intereses ante funcionarios públicos para influir en decisiones, políticas o programas. En Argentina, a fines de 2003, el decreto 1172 (de Acceso a la Información Pública) buscó acercar algunas pautas sobre el tema. Entre los considerandos de este decreto puede leerse que “la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información”.