El gobernador Raúl Jalil respondió a la denuncia penal de diputados de Generar y afirmó que la obra se encuentra en proceso de reactivación tras la interrupción del financiamiento nacional.
Durante su visita a la Algodonera del Valle, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a la denuncia penal presentada por diputados del partido Generar en relación con la obra del Gasoducto Lavalle-Catamarca. Consultado por la presentación judicial, Jalil sostuvo que para los legisladores de Generar «su política es denunciar».
El mandatario provincial explicó que la obra atravesó un proceso de paralización luego de que el Gobierno nacional interrumpiera su financiamiento durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. «Acá hubo una obra, se paró la financiación de la Nación en la época del presidente Alberto Fernández, se renegoció con la empresa», señaló.
Según explicó, el acuerdo alcanzado contempla que la empresa debe afrontar el pago de un determinado monto, mientras que actualmente se mantienen conversaciones con Ecogas para analizar alternativas que permitan avanzar con la reactivación de la obra. En ese sentido, remarcó que se trata de un proyecto de gran magnitud económica: «Es una obra de muchos millones de dólares», y agregó que sería la única de las obras que quedaron paralizadas que todavía resta refinanciar.
Jalil también hizo referencia a otras obras de infraestructura que quedaron inconclusas y aseguró que la Provincia trabaja para avanzar en su reactivación. En particular, anticipó que durante los próximos meses se buscará poner nuevamente en marcha las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Belén, Tinogasta y Santa María.
Denuncia
La denuncia de los legisladores opositores apunta directamente contra Alberto Alcides Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Máximo Matías Ramírez, exsecretario de Energía de esa cartera; y los directivos y representantes de la firma MEGA S.R.L., además de pedir que la investigación alcance a cualquier otro funcionario o particular involucrado.
El escrito reconstruye el recorrido de la obra desde la compra anticipada de cañerías en 2021, la adjudicación en 2022 y la rescisión en 2024, haciendo foco en el Acuerdo Conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026. Según expusieron los legisladores, MEGA S.R.L. registraba una multa de alrededor de $1.963 millones por incumplimientos, pero la Provincia aceptó un pago de apenas $301 millones (poco más del 15%).
La presentación advierte además sobre la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia estatal a reclamar perjuicios, la modificación de antecedentes registrales de la empresa y la firma del convenio por parte del Fiscal de Estado en comisión.